Jessica Pilar Pérez
(03-Dic-2009).-
(03-Dic-2009).-
Para el diputado titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, Iván Argüelles, el pago del 50 por ciento que hizo desde hace seis meses el Gobierno del Estado para la construcción del Puente Atirantado Matute Remus, que apenas inició en octubre, huele mal, pero es legal.
El legislador panista admitió que se perdieron réditos económicos y eso sería cuestionable, sin embargo, la Ley General de Obra Pública no establece plazos para entregar los anticipos.
"No podría calificarlo como un abuso, pero como que huele mal que seis meses antes le entregues la cantidad de recursos que vienen siendo prácticamente el 25 por ciento (del costo total)", indicó.
Argüelles negó que hubiera peticiones para normar la forma de dar anticipos y sería difícil hacerlo porque siempre surgen imprevistos que podrían meterlos en problema durante la operatividad.
Recordó que las obras se pueden atrasar por cuestiones sociales, legales o de infraestructura, y no se pueden prever todos los supuestos en una ley general.
La obra del Puente Atirantado costará 450 millones de pesos y hasta el momento se han contratado seis empresas, a las cuales se les dio el anticipo desde abril. Estas empresas recibieron 110 millones de pesos de anticipo.
El legislador albiazul dijo que sólo se puede revisar minuciosamente cómo se dio el gasto de la obra cuando se analice la Cuenta Pública 2009 del Poder Legislativo.
Scott Layme Craville, profesor del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG y experto en finanzas, dijo que los 110 millones de pesos pudieron haber generado utilidades de entre 3 a 5 millones de pesos, si lo hubieran colocado en una inversión.
