Valeria Huérfano
(08-Mar-2010).-
En los últimos años, los habitantes de la metrópoli se han acostumbrado a dedicar más tiempo a sus traslados por el crecimiento del parque vehicular que, aunado a la construcción de centros comerciales, ahoga a la Ciudad, ya que los desarrolladores no hacen obras que mejoren la circulación en la zona.
Aunque la Secretaría de Vialidad proyecta ampliación de vialidades y la construcción, en algunos casos, de pasos a desnivel para evitar la saturación de las avenidas, los constructores hacen caso omiso y echan a andar los centros de reunión con la complacencia de los Municipios.
El Código Urbano estima en su artículo 185 que los promotores deberán aportar alternativas ante el impacto vial que traerá consigo la obra, situación que en la mayoría de los casos se queda en el aire.
Los grandes desarrollos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), como Plaza Andares, Ciudadela, Galerías, Centro Sur, Plazas Outlet y centros de espectáculos como la Arena VFG, el Teatro Diana y el Auditorio Telmex, han dejado a un lado el dar respuesta al conflicto vial que han generado.
Los constructores deben presentar un estudio de impacto vial al Ayuntamiento correspondiente, que a su vez lo entregará a Vialidad para que lo analice y determine si son las obras correctas o, en su caso, si se requieren acciones complementarias.
Jesús Arreola, experto en movilidad urbana, señaló que una de las deficiencias que existen, se debe a que el desarrollador es quien contrata a la empresa consultora para dicho estudio.
"Cuando un desarrollador contrata a un especialista para realizar el estudio de impacto vial, ya es un problema, porque quien va a pagar ese estudio es el interesado en ese desarrollo y a la persona que van a contratar tiene que presentarle las soluciones que le convienen al desarrollador", explicó Arreola.
"Difícilmente un consultor va a presentar un estudio en el cual le diga, 'lo que usted está pretendiendo hacer, no funciona'. Se necesita de una ética muy clara, muy centrada".
Juan Francisco Ramírez Santiago, director de Estudios y Proyectos de Vialidad, manifestó que aunque a la dependencia le corresponde evaluar las propuestas del desarrollador, en la mayoría de los casos los Municipios anteponen sus intereses, dejando a un lado las recomendaciones.
"Generalmente el elemento rector en este tipo de asuntos es el Ayuntamiento, nosotros emitimos una evaluación, un dictamen con una opinión, pero en muchas de las veces no se corrigen las observaciones que realizamos, pues obviamente los Ayuntamientos con el poder que tienen pueden dar la licencia de construcción correspondiente", sentenció Ramírez Santiago.
Precisó que el pago de las obras y acciones sugeridas podría absorberse por los promotores, sin embargo, los Ayuntamientos, con tal de no perder esa inversión, contribuyen con las aportaciones o permiten que los trabajos no se realicen.
"A los Municipios lo que les interesa es que haya fuentes de trabajo y no parar las inversiones, y que se puedan dar ese tipo de actividades, por lo que pueden desarrollar (las obras) en conjunto con el desarrollador", indicó.
La ley dice textual...
El Código Urbano del Estado de Jalisco establece:
Artículo 185.
"Los urbanizadores aportarán, realizando las obras o mediante convenio con el Ayuntamiento, a la construcción o mejoramiento de la vialidad, de la infraestructura, del equipamiento y de las instalaciones, que estando localizadas fuera de la zona a urbanizar, en forma directa se requieran para su integración a la estructura urbana del centro de población para su adecuado funcionamiento".
