Público:
Ante denuncia de violaciones en construcción de ruta Bolaños-Huejuquilla, pide información
Diputados y senadores prevén posibles sanciones al gobierno estatal.
13-Junio-08
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó en su sesión del pasado 11 de junio, exhortar al gobierno de Jalisco para que le brinde información que acredite la legalidad de las obras carreteras de la ruta Bolaños-Huejuquilla, tras recibir denuncias de que afectó derechos de comunidades huicholas y generó diversos daños al entorno ambiental.
El exhorto, en términos “respetuosos”, solicita que el gobierno de Emilio González Márquez, ampliamente cuestionado por la forma en que llevó a cabo los trabajos carreteros, provea de un “informe de costo-beneficio” del proyecto, “que incluya la determinación de impacto, valoración y propuesta de medidas de mitigación, y el estudio de factibilidad para el proyecto de ejecución de la obra”.
También debería entregar a los legisladores federales, según el mensaje de la Permanente, “los documentos que amparen la legalidad de las obras y actividades relacionadas con el proyecto de referencia hasta la fecha [actual], en el que se incluyan los estudios de impacto ambiental, la autorización de cambio de uso de suelo y el o los permisos de aprovechamiento forestal, en su caso, así como la documentación que acredite las medidas de mitigación y compensación dictadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente”.
El dictamen final parte de una propuesta presentada por el diputado veracruzano Diego Cobo Terrezas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), bajo la coordinación de Mariana Boy Tamborrell, secretaria de Ecología y Medio Ambiente del Comité Ejecutivo Nacional de esa agrupación política. La intervención fue después de que la organización ambientalista Conservación Humana, AC, presentó denuncia penal en contra de autoridades jaliscienses y constructores por los destrozos y los daños patrimoniales a la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Público, 11 de mayo de 2008).
Humberto Fernández Borja, presidente de Conservación Humana, AC, reiteró a los legisladores las demandas de la comunidad de Tuapurie en torno a la carretera: revocación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental “que fueron indebidamente aprobadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales conforme a la solicitud presentada a su titular desde el 13 de febrero pasado”; auditoría integral a todo el proyecto carretero, “incluyendo la auditoría ambiental y financiera, dado que está viciado de origen”; indemnización por los daños y perjuicios a la comunidad; remediación de los daños ecológicos y a los sitios sagrados en los territorios de la comunidad, “así como en el resto de las zonas de prioridad para la conservación de la biodiversidad”.
Tuapurie también exige, agregó Fernández Borja, “se finquen las responsabilidades a quienes resulten por los delitos e irregularidades cometidas, incluyendo la destitución de los funcionarios que participaron en la falsificación de documentos” (asunto que fue dado a conocer por este diario en su edición del 16 de febrero pasado).
El diputado Diego Cobo aseguró a este diario que si se demuestran anomalías, el Congreso de la Unión interpondría nuevas denuncias penales contra el gobierno jalisciense
Guadalajara•Agustín del Castillo
