Público.
César Barba y otros integrantes de la FEU se hicieron acompañar por el notario público número 90, para dar fe, a bordo de un camión de la ruta 54, de que se siguen cobrando cinco pesos como tarifa del transporte público.
3-Abril-08
La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) registró ayer ante un notario público algo que todos los tapatíos saben: que la tarifa del transporte público cuesta cinco pesos en Guadalajara. Si recurrió al fedatario, fue para dejar constancia de que el gobernador del estado no ordenó que la tarifa volviera a ser de 4.50 pesos desde ayer, en obediencia a un mandato legal con motivo del referéndum que promueve para derogar el aumento del 2 de marzo pasado. Por lo tanto, la FEU anunció, desde hoy, acciones legales contra el Poder Ejecutivo.
El gobierno del estado no dispuso que se cobre de nuevo 4.50 pesos por una razón: sus representantes están convencidos de que la solicitud de la FEU fracasará. Ayer insistieron al respecto el secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, y el director del organismo coordinador del transporte (OCOIT), Diego Monraz.
Fernando Guzmán informó que el gobierno del estado ya recibió la notificación del Instituto Electoral del Estado de Jalisco (IEEJ), en el sentido de que existe la solicitud de referéndum y que ya se analiza su procedencia. El Poder Ejecutivo debe pronunciarse al respecto esta semana, pero, según Guzmán, aunque el IEEJ debe integrar el expediente de la solicitud, la respuesta que enviará su secretaría será “que no es procedente ni la suspensión, ni tampoco el proceso del referéndum por las razones jurídicas que estaremos expresando”.
En otro momento, al encontrarse con el presidente de la FEU, César Chicho Barba, y rechazar un debate con él al respecto de la solicitud de referéndum, el secretario recordó, en declaraciones a Notisistema, que si bien el gobierno estatal promovió ése y otros instrumentos de consulta ciudadana, “estos instrumentos tienen también sus límites”.
Por su lado, Diego Monraz Villaseñor igualmente rechazó que la solicitud de la FEU vaya a prosperar. “He dicho que la gente está en su derecho de juntar firmas, para lo que quieran; otra cosa es que cambiemos la ley por puñados de firmas: imagínate qué temas pueden manejarse si fuera así. Así no es”, señaló en declaraciones a reporteros.
Ayer mismo, César Barba y otros integrantes de la FEU se hicieron acompañar por el notario público número 90, Jaime Acosta Espinoza, para dar fe, a bordo de un camión de la ruta 54, de que se siguen cobrando cinco pesos como tarifa del transporte público.
Ante ello, anunciaron que hoy se emprenderán acciones legales contra el gobernador Emilio González Márquez, pues la Constitución Política de Jalisco lo obliga a suspender el aumento del 2 de marzo mientras el IEEJ resuelve si procede o no el referéndum.
Para Chicho, ya ha pasado un tiempo razonable para que el mandatario estatal actuara y bajara la tarifa, y por eso dio fe de hechos para poder emprender acciones legales ante el Tribunal Administrativo y Electoral. “Lamento mucho que el Ejecutivo no cumplió”. A la par, calificó como “chistoso” que el PAN —y en concreto el secretario Fernando Guzmán—, que fue impulsor de los cambios para que existiera la figura del referéndum derogatorio, diga ahora que no cambiará el precio del transporte cuando defendió los cambios constitucionales en 1998.
A la par, deslegitimó la postura de que no hay recursos para organizar una elección: “El Ejecutivo ha erogado 341 millones y medio [en donativos recientes, como los del Santuario de los Mártires y a Televisa] y una iniciativa tan importante no se la pueden sacar de la manga”.
- Claves
Lo que sigue…
La Ley de Participación Ciudadana prevé los siguientes pasos para la realización de referéndum
• “La autoridad de la que presuntamente emanó el acto, legislativo o administrativo, dispondrá de un plazo no mayor de cinco días hábiles [una vez que se le informe de que hay un referéndum en proceso] para hacer llegar sus consideraciones ante el Consejo Electoral, y podrá hacer valer alguna de las causales de improcedencia”
• “[Luego] En el término de 15 días naturales […] el Consejo Electoral, previo estudio elaborado por el presidente y con aprobación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, deberá emitir un acuerdo en el cual declare, de manera fundada y motivada, la procedencia o improcedencia de la solicitud del referéndum”
• El Consejo Electoral acordará el procedimiento que deba seguirse para la verificación de la autenticidad de las firmas de los ciudadanos que respaldan y apoyan la solicitud respectiva. Dicho procedimiento se realizará invariablemente de manera aleatoria y podrá adoptar técnicas de muestreo científicamente sustentadas
• “Al día siguiente de que se declare la procedencia, se notificará a la autoridad de la que emanó el acto, […] expresando los aspectos y circunstancias que considere necesarias para que los ciudadanos emita su voto a favor de la disposición legislativa sometida a dicho procedimiento”
• Finalmente se convocará a elecciones y se validará el resultado, “siempre y cuando haya participado en dicho procedimiento cuando menos 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral”
Guadalajara•Rocío Ramos/Redacción
