Andrés Martínez
(01-Dic-2009).-
(01-Dic-2009).-
Aunque los trabajos formales para la construcción del Puente Atirantado Matute Remus, en Lázaro Cárdenas y López Mateos, iniciaron a finales de octubre, el Gobierno del Estado les adelantó a los contratistas el 50 por ciento de los recursos desde abril, es decir, 110 millones de pesos.
Y no sólo eso, la mitad de la obra fue fraccionada y a las seis empresas: Trena, Megaobras, Desarrollos Especializados, Constructora RAL, Grupo Bechalani y Estructuras Diva, y Constructora Eléctrica se les dio el 50 por ciento del anticipo, aunque la legislación marca que debió darse como máximo un 25 por ciento.
"La entrega de anticipos para la iniciación de la obra pública y en su caso para la compra y producción de materiales y demás insumos debe hacerse de acuerdo a lo pactado, y hasta por un máximo de 25 por ciento de la asignación aprobada para el contrato respectivo, en ese ejercicio", establece la Ley de Obra Pública del Estado en su artículo 190.
Para los integrantes del Parlamento de Colonias, el dinero otorgado con anticipación a los constructores levanta sospechas.
Según José Luis Moreno Rojas, del Parlamento de Colonias, este dinero pudo ir a parar a las pasadas campañas electorales.
"Grupo Trena (que se constituyó en septiembre del 2008) tiene desde abril 40 millones de pesos, y las obras no comenzaron sino hasta octubre", dijo Moreno Rojas.
Defiende anticipo
Sergio Carmona Ruvalcaba, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), negó que se hayan usado recursos para otras cuestiones, ya que era importante que el anticipo estuviera circulando desde antes, tanto para asegurar los precios de construcción como para generar empleos.
"Inmediatamente (de que se entregaron los contratos) se empezaron a aplicar los recursos a la compra de materiales, a la compra de acero y habilitación de trabajo en taller, que en un par de semanas estará llegando ya a la obra", afirmó Carmona Ruvalcaba.
En cuanto al proceso de licitación que ha cuestionado el Parlamento de Colonias, ya que una obra de esa magnitud pudo tener una propuesta económica mejor, Carmona Ruvalcaba lo rechazó.
La licitación por concurso, agregó, no hubiera asegurado menor costo y podría tener desventajas como que el recurso quedara en manos de extranjeros.
"La intención era brindarle mayor oportunidad a los jaliscienses, a las empresas jaliscienses para que tuvieran acceso a ese trabajo, y por otro lado, para que se tomara un efecto de sinergia, en donde al trabajar al mismo tiempo la obra podría ser más eficiente", indicó.
El costo de la obra es de 450 millones de pesos, y las seis empresas harán un 50 por ciento de ésta y cobrarían un total de 219 millones 706 mil pesos.
