José Luis Cuéllar Garza
Apenas se planeaba la edificación del estacionamiento subterráneo de Plaza de la Liberación, el ingeniero Jorge Matute advirtió que cuando el parqueadero estuviera lleno los usuarios tardarían eternidades en salir. Igual hubiera calculado las colas que habrán de formarse al entrar o salir del polígono construido a lo largo de diez años entre las avenidas Patria, Acueducto, Universidad, Puerta de Hierro y Royal Country en Zapopan.
Hace buen rato que MURAL viene informando de una larga sucesión de conflictos que tiene a la zona como centro de polémica.
Lo primero a recordar es que hace años distintas asociaciones de colonos de la zona (Puerta Plata, Royal Country, entre otras) opusieron férrea resistencia a que las autoridades municipales dieran continuidad a importantes vialidades previstas en los planes de desarrollo urbano, alegando que con ello se alteraría la privacidad de los exclusivos fraccionamientos que ahí edificaron, precisamente con la promesa de la mayor funcionalidad y cercanía con las facilidades que entonces ofrecía el lugar.
Al cabo del tiempo, a medida que el tráfico generado allende el Periférico y los alrededores de Valle Real, y por la urbanización acelerada sobre Naciones Unidas y la zona de Virreyes, muchos de los mismos vecinos (agrupados en el grupo Acueducto), reclamaron airadamente a las autoridades que abrieran alternativas para desahogar el caos concentrado en ese cuadrante.
Después vino una serie de inversiones que fueron desarrollando la zona de Puerta de Hierro (cuando la torre Cube, el hospital y unos edificios más, de alturas razonables, prometían algo agradable y manejable). Pero luego se desató una euforia contagiosa que se significó en la edificación de torres gigantescas, sin adecuado amortiguamiento urbanístico ni arquitectónico (dudo mucho que cumplan los estándares mínimos en materia de asoleamiento a vecinos y vía pública).
El desastre se fraguó cuando alguien discurrió que la escasa tierra que quedaba en dicho lugar era la mejor y única del planeta para abrir más centros comerciales, condominios, hoteles y oficinas de lujo en una ciudad sobreofertada de tales productos, sin reparar demasiado en el conflicto vial que estaba gestándose.
Ya cerca de inaugurar sus tiendas, los promotores se han puesto a discutir si el costo de las obras que ayudarían mínimamente a resolver los conflictos viales inminentes les corresponde, mientras que las autoridades de vialidad se han mostrado más que permisivos, vulnerando incluso la competencia municipal en la materia.
Este delicado, lamentable conflicto (donde nadie desearía que alguien fuese a perder inversiones tan escasas como indispensables), amerita una seria reflexión colectiva y una honesta, seria y responsable respuesta de parte de las instancias administrativas y gubernamentales involucradas.
Del lado de la sociedad, sería hora ya de que cayéramos en cuenta que no existen en la urbe paraísos a salvo del desorden que rodea la breve e ilusoria paz de nuestro condominio. No son pocas las familias que ahora se arrepienten de haber dejado la ciudad a cambio de aquellos oasis ahora incomunicados, con la pérdida patrimonial que ello conlleva.
Del lado de los inversionistas, sería deseable que se concertara una vision más sensata del negocio comercial-inmobiliario. Me consta que Fábricas de Francia decidió apretujarse en el nuevo emplazamiento sólo porque El Palacio de Hierro iba a arrebatarle una rebanada del mercado que tiene conquistado en Galerías.
Por parte de promotores y terratenientes, sería agradecible que se reconozca que el regateo de áreas de cesión para usos públicos, la concepción de un urbanismo elitista centrado en el automóvil y aun el secuestro de áreas públicas (donde la apropiación privada de algunos tramos de la lateral del Periférico es el ejemplo más deplorable), va a volverse pronto contra sus intereses.
Ellos, junto con las autoridades, pronto tendrían que reconocer que el modelo de financiamiento de la inversión en infraestructura (para agua potable, saneamiento, vialidad, transporte, y provisión de servicios públicos en general) subyacente en nuestra legislación y vision técnica de la planeación y gestión urbana es insostenible, al menos por ser deficitario e ineficaz.
Las autoridades estatales (de los ámbitos Ejecutivo y Legislativo) y municipales, por su lado, bien harían en sentarse a reflexionar si es que el esquema de distribución competencial y el paradigma de ordenamiento territorial y urbanístico imperante no merece una cirugía mayor, igual en las conurbaciones que en los ámbitos metropolitanos donde estos fenómenos se van agravando hasta generar ineficiencias y pérdidas netas de inversión que pueden meternos en un círculo vicioso de baja rentabilidad, estancamiento y deterioro del parque inmobiliario, desinversión, degradación urbanística, crisis fiscal, inseguridad y muchos daños colaterales.
Ojalá que la reciente aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano en los primeros municipios de la conurbación acabe concretándose en un eficaz y oportuno remedio a estos males.
