José Luis Cuéllar Garza
(20-May-2008).-
Luego de la salida del primer Secretario de Finanzas de la actual administración, el Ejecutivo anunció el propósito de fusionar esa dependencia con la de Administración y adelantó la posibilidad de nuevos ajustes en la estructura de gobierno, en lo que constituye un ejemplo más del estilo personal de administrar de Emilio González Márquez.
La primera decisión administrativa del Gobernador fue crear dos coordinaciones: la de Innovación y Calidad y la de Políticas Públicas, igual que la transformación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade) en una Secretaría de Planeación, donde fue nombrado quien ejerció una Rectoría General en la UdeG especialmente atenta a dicha tarea.
Parece ser que la mayoría panista en el Congreso local objetó la creación de tales Coordinaciones, de modo que el Ejecutivo tuvo que recurrir a sus facultades constitucionales de organizar la Administración pública constituyendo las dependencias con base en un acuerdo administrativo, lo que las afecta notablemente para celebrar ciertos actos de derecho. Ha trascendido además que el modelo de coordinaciones transversales (a la manera de las vicepresidencias ejecutivas en el modelo nacional español) para la gestión de proyectos estratégicos y procesos intersectoriales (esquema realmente interesante), ha causado diversos trastornos al intentar operar -dentro de un aparato estructurado con base en jerarquías horizontales y verticales- objetivos, metas y recursos con un enfoque integral. Aquí, a más de las dificultades técnicas, pesan los factores humanos, igual que los ingredientes políticos inherentes a toda burocracia. Por lo que hace al Coplade, mejor que se haya subsumido en la Seplan, porque aquel es un órgano heredado de una gestión de la planeación de matriz federal, donde se confunden las funciones de planeación con las de participación social y gestión de recursos presupuestales federales.
Un segundo ejercicio de reingeniería habría de darse a propósito de la solución administrativa necesaria para coordinar la realización del proyecto central de este Gobierno: la operación del sistema de transporte rápido, BRT o Macrobús, con base en la transformación del OCOIT. El problema aquí fue que tal iniciativa se mezcló con una serie de reformas a la Ley de Vialidad que no han podido procesarse. La salida entonces fue reconceptualizar un sistema que sería troncal, para definirlo como alimentador del Tren Eléctrico (operado por un organismo descentralizado), de modo que será desde esta entidad que se dirija el proceso, dejando el resto del sector intocado. No está clara, sin embargo, en el nuevo esquema la relación entre proyectos ejecutivos, políticas públicas y modelos de gestión (como se dio en los casos de Semades, Trabajo, Cultura, Desarrollo Humano y otros más), ni las competencias entre SVyT y un líder de proyecto ad hoc.
Lo lamentable para la vida institucional de Jalisco es que las cosas han venido resolviéndose pragmáticamente, con salidas improvisadas a conflictos políticos internos y esquemas administrativos personalizados, más que con formulaciones administrativas innovadoras y claramente sustentadas en un derecho administrativo local urgido de reformas pertinentes y progresistas. Parece entonces que la defectuosa comunicación y colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, la notoria falta de consenso político de la mayoría partidista en torno al proyecto de Gobierno y la prematura construcción de proyectos personales de poder está afectándonos a todos. Ojalá que lo entendieran quienes tienen que entenderlo.
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